El Gobierno de España está diseñando una Prestación Universal por Crianza de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años. La propuesta, aún en negociación, busca proteger la infancia, reducir la pobreza infantil y aliviar la carga económica de las familias, sin restricciones de ingresos.
¿Qué es la Prestación Universal por Crianza?
La Prestación Universal por Crianza es una ayuda social propuesta por el Gobierno de España que consiste en otorgar 200 € al mes por cada hijo menor de edad, hasta los 18 años, para apoyar a las familias en sus gastos de crianza. Se trata de una medida “universal” porque no estaría condicionada al nivel de ingresos familiar: la intención es que todas las familias con hijos menores puedan recibirla.
Objetivos de la medida
- Reducir la pobreza infantil:
La prestación pretende servir como un mecanismo directo para disminuir la pobreza entre menores de edad, especialmente en familias con escasos recursos económicos.
- Mejorar la conciliación familiar:
Aliviando parte del gasto que conlleva criar hijos, se facilita la capacidad de las familias para organizar su economía, lo cual puede favorecer la conciliación laboral y familiar.
- Fomentar la natalidad:
En un contexto socioeconómico donde los costes de tener hijos son elevados, esta ayuda puede incentivar a las familias a tener más hijos o, al menos, reducir el coste económico percibido de la crianza.
- Reconocer el valor social de la crianza:
Se asume que cuidar y educar a los niños es una labor socialmente valiosa. Esta prestación quiere reconocer esa importancia y compensar parcialmente el esfuerzo económico que supone.
Compatibilidad con otras ayudas
Una de las características más atractivas de esta propuesta es que podría compatibilizarse con otras ayudas sociales, lo que la haría aún más útil para muchas familias:
- Ingreso Mínimo Vital (IMV): Se prevé que la prestación por crianza podría sumarse al IMV sin que haya incompatibilidades.
- Ayudas por familia numerosa: Las familias numerosas podrían beneficiarse de ambas ayudas sin renunciar a una por la otra.
- Prestaciones autonómicas: Muchas comunidades autónomas ya tienen sus propios subsidios para familias con hijos; la prestación universal podría coexistir con esas ayudas locales.
Tramitación y documentación
Aunque los detalles exactos aún no están cerrados, estos son los aspectos que se han propuesto:
- Solicitud telemática: Probablemente se podrá gestionar a través de la Sede Electrónica, lo que facilita el acceso para muchas familias.
- Oficinas físicas: Se podrían habilitar oficinas físicas para quienes prefieran presentar la solicitud en persona.
- Documentación requerida: Entre los documentos que podrían pedir están el DNI o NIE, el libro de familia o certificado de nacimiento de los hijos, y un certificado de empadronamiento.
Requisitos propuestos
Según los borradores que se han difundido en medios de comunicación y documentos oficiales, los requisitos para recibir esta prestación serían:
- Residencia legal en España: Se exige que la persona solicitante tenga residencia legal.
- Empadronamiento: El solicitante debe estar empadronado en un municipio español.
- Hijos menores de 18 años a cargo: Sólo serían elegibles aquellos con menores dependientes.
Hasta ahora, no se ha confirmado que haya un límite de ingresos, lo que refuerza el carácter “universal” de la prestación. Tampoco hay detalles definitivos sobre otros posibles requisitos como antigüedad de residencia o convivencias específicas.
Estado de la aprobación
- La prestación está incluida en las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado de 2025.
- Hasta ahora, no hay una normativa definitiva aprobada, lo que significa que la ayuda aún no se ha convertido en un derecho legal ya activo.
- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido la iniciativa como una prioridad para combatir la pobreza infantil.
- También se plantea que la prestación podría tener una “escala creciente”: a partir del tercer hijo o en situaciones específicas, la cuantía podría variar o incrementarse.
- Ha habido estimaciones del coste fiscal de la medida: podría representar un gasto significativo para el Estado, dependiendo del número de beneficiarios y la estructura final de la prestación.
Impacto social y económico
- Impacto en las familias:
Para muchas familias, especialmente aquellas con bajos ingresos, esta prestación podría suponer un alivio real para asumir los costes de educación, alimentación, salud o vivienda. También podría reducir la tensión financiera que sienten los padres, mejorando su calidad de vida. - Impacto en el Estado
El coste para el Estado sería elevado, especialmente si muchas familias optan por cobrar la prestación. No obstante, los defensores argumentan que es una inversión social: al reducir la pobreza infantil, se pueden evitar otros costes sociales a largo plazo (salud, educación, exclusión social). - Impacto demográfico:
En un contexto de baja natalidad en España, ofrecer un apoyo universal para la crianza podría tener un efecto positivo: animar a algunas parejas a tener más hijos, o al menos reducir la presión financiera que frena decisiones familiares.
Críticas y riesgos
- Sostenibilidad presupuestaria: Si la prestación se universaliza sin controles, el gasto podría volverse insostenible a largo plazo.
- Abuso potencial: Algunas personas podrían aprovechar la ayuda sin necesidad real, aunque esto dependerá de los mecanismos de control que se pongan en marcha.
- Incremento de la burocracia: A pesar de la intención de hacerla accesible, el trámite podría ser complejo para ciertas familias.
- Desigualdades regionales: Dependiendo cómo se coordine con las ayudas autonómicas, podría haber diferencias entre comunidades en la tramitación o el alcance.
- Riesgo político: Si cambia el gobierno o la situación económica, la ayuda podría modificarse, reducirse o eliminarse.
La Prestación Universal por Crianza de 200 €/mes por hijo menor de 18 años, propuesta por el Gobierno de España, representa una de las iniciativas sociales más ambiciosas y prometedoras para apoyar a las familias. Si se aprueba, podría tener un impacto significativo en la lucha contra la pobreza infantil, la conciliación familiar y la estabilidad demográfica.
Sin embargo, aún hay muchas incógnitas: los requisitos completos no están claros, la financiación y sostenibilidad a largo plazo son retos importantes, y su implementación dependerá de cómo se concreten los detalles en la ley. Por eso, es fundamental que las familias sigan informándose y que el debate público se mantenga activo.
