La vicepresidenta Dina Boluarte aseguró que la denuncia institucional presentarla en su contra para inhabilitarla de la función pública por 10 años, es para después vacar al mandatario Castillo.
En medio de su presentación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, para responder a las denuncias acumuladas 268 y 269, argumento su denuncia al indica que ciertos integrantes de dicha subcomisión, adelantaron opiniones respecto a su voto de la inhabilitación.
“Hemos escuchado audios, opiniones a través de la prensa y en diversos eventos públicos y privados que revelan un plan que ya no es tan secreto. Algunos sectores políticos pretenden, primero, inhabilitar a la vicepresidenta para intentar nuevamente la vacancia o quizá la inhabilitación o suspensión del presidente”, expresó.
No obstante, la también ministra evito ahondar en detalles sobre un presunto plan para sacar del cargo a Castillo Terrones, a fin que el poder este en manos del Parlamento.
“No voy a ingresar a un debate político sobre este asunto. Solo expreso ante el país que este plan está en marcha y que con la fuerza telúrica que me inspira mi sagrada tierra apurimeña, me opondré a esta impronta con la fuerza de la razón y la ley”, acotó.
Como se conoce, Dina Boluarte es acusada por haber ejercido funciones y gestiones para el Club Departamental Apurímac al mismo tiempo que ejerce el cargo de vicepresidenta y titular del Midis. De igual manera, es cuestionada por no incluir a su cuñado Alfredo Pezo Paredes, el cual tiene contratos con el Estado, en la declaración jurada de intereses que presentó al participar en la plancha presidencial de Perú Libre para las elecciones del año pasado.
En su exposición en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la ministra denunció que no fue correctamente notificada por la Controlaría General de la República: “A mí no me ha sido notificado debidamente todo el expediente de la investigación de la Contraloría, afectando no solo mi derecho fundamental a la defensa, sino generándose un nefasto precedente para el presente y los futuros casos”.
Asimismo, en compañía de su abogado, Alberto Otárola, remarco que un grupo de parlamentarios manifestó que votará a favor de la inhabilitación, vulnerando el derecho de presunción de inocencia.